Hace un par de años, contemplábamos con indignación, pero desde la distancia, el descaro de los directivos de los grandes bancos norteamericanos al embolsarse grandes bonus tras haber sido rescatadas por el Tesoro. El escándalo era mayúsculo, con la autoconcesión de premios en entidades que habían recibido miles de millones de euros. Ante las crecientes críticas, el presidente Obama aprobó una reforma financiera y algunas normativas que regularon tanto el sistema bancario como los bonus.
Eso era hace dos años y a miles de kilómetros de España. En estos días el escándalo nos ha golpeado mucho más cerca. Se han conocido los casos de la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, y de los directivos de Novacaixa Galicia. La primera se había colocado una pensión vitalicia de 370.000 euros, después de haber quebrado y saqueado la caja. Los segundos recibieron casi 20 millones de euros en concepto de indemnización y, además, se concedieron 76 millones en créditos a sus consejeros. El descaro y la vergüenza no son algo exclusivo, ni mucho menos, de Wall Street, la cuna de este sistema capitalista imperfecto ‘gobernado’ por la avaricia de unos pocos. También en España ocurren casos así, mientras el Banco de España miraba para otro lado.
El comportamiento del regulador financiero español ha sido lamentable, limitándose a ser un mero espectador de estos indignantes excesos. Los primeros casos tuvieron lugar en la cordobesa Cajasur y en Caja Castilla-La Mancha, donde no fueron capaces de detectar antes de la quiebra y la posterior intervención la nefasta gestión de las entidades. No vale con interponer sanciones a unos y otros con posterioridad, pues eso sólo representa el reconocimiento del fracaso del sistema. A esos dos casos más sangrantes, y tras la reestructuración en el sector financiero (que ha engullido miles de empleos, sin que nadie haya alzado la voz), se le sumó hace varios días la intervención de la CAM. MAFO (Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del BdE) compareció la pasada semana para decir que el saqueo de la caja valenciana era “lo peor de lo peor”, aunque se le olvidó explicar cómo permitió que eso sucediera. A posteriori, cuando la bomba le ha estallado en las manos, decide poner control a los sueldos de la banca, pero surge la duda: ¿Y por qué no se hizo hace dos años, cuando comenzaron las ayudas públicas al sector?
Un regulador no está ahí para criticar y sancionar los excesos y mala gestión cuando éstos se han producido y saltan a la luz pública. No debería limitarse a comentar desde su tribuna, sino a regular e intervenir de forma mucho más contundente en un sistema que, a todas luces, está podrido. Cuatro años después de que estallara la crisis financiera nos hemos dado cuenta que en España no tenemos un organismo regulador sino, simplemente, un espectador de lujo que nos ha costado miles de millones de euros. ¿Hasta cuándo aguantará en su cargo sin presentar su dimisión? ¿Habrá alguien con la honestidad suficiente para asumir responsabilidades ante esta alarmante dejadez?
