Mucho ruido. Es lo que ha habido durante los últimos dos días con la Ley Sinde y su caída ayer en la comisión de Cultura del Congreso. Ruido y una desproporción en las reacciones (lo dije ayer en Twitter y, por cierto, me llovieron las críticas), pues me gustaría que con la reforma laboral, la ampliación de la edad de jubilación o los recortes sociales, en general, hubiera ese despliegue movilizador en todas las redes. Pero, al margen de esa jaula de grillos en la que se ha convertido en los dos últimos días la Red, está claro que no todo es como se dice. Reconozco que hace un año, el primer impacto de la ley fue brutal (escribí un post en este blog rechazando de plano la ley). Y sigo respaldando algunos de los argumentos que expuse en su momento, pero, tras leer mucho sobre el asunto y escuchar a todas las partes,  hay algunas matizaciones que querría hacer:

• No es un ataque frontal a la libertad de expresión ni a ningún derecho fundamental. Es una ley muy discutible en sus formas, totalmente de acuerdo, pero no representa un ataque al artículo 2 de la Constitución, ni supone silenciar nada. Una web de descargas de películas o música que tiene unos autores y unos derechos no es un medio de comunicación, ni mucho menos.
• La cultura libre o accesible no es, ni debe ser nunca, entendida como cultura gratuita. Al menos, con el sistema capitalista que ‘disfrutamos’ a diario, en el que todo (o casi) tiene un precio. Crear cuesta y debería ser respetado. Así de sencillo.
• La ley no intenta, como dice Enrique Dans, “criminalizar una actividad que los jueces han dicho y reiterado que no era constitutiva de delito”. Seamos claros, esa “actividad” es colgar enlaces en una web, ofreciendo gratis lo que en una tienda (on line o no) cuesta una pasta.
• No es la única solución al problema de la piratería en Internet. A pesar de lo que defiende la mayoría de los creadores de este país (y EEUU, que se ha encargado de hacer saber al Gobierno la urgencia de su aprobación), no se trata, ni  mucho menos, de la panacea contra este problema. La alternativa no radica en tratar de tapar los agujeros de un Titanic que está casi hundido, sino en buscar un nuevo barco con el que navegar con seguridad. La industria de la cultura debe partir de una base: ayer fue Emule y mañana será otro sistema. Partiendo de ella, tiene la obligación de plantear una alternativa mejor, irrechazable para quien quiere ver la última película de Almodóvar y escuchar el último disco de Alejandro Sanz (sí, ese que llamó “cobardes” a los políticos españoles por no aprobar esta chapuza legal).
• No es un asunto tan prioritario para que sea necesario votarlo a la carrera por un procedimiento exprés que simplemente deja en evidencia que las presiones y el compromiso con los que mandan en la industria cultural (no los ‘curritos’ de ello, los que sí se la están jugando de verdad) son excesivos.

En este país somos expertos (y cada vez más) en polarizar los debates. Y un servidor está cansado de tener que militar en un bando o en otro. La realidad no es blanca o negra, sino que tiene matices. Y en este conflicto, como en todo, los hay. Y también hay que decirlos y exponerlos, porque ni esto se va a convertir en una dictadura del mal si se aprueba esta ley ni el problema de la piratería y los contenidos digitales se va a resolver si finalmente sale adelante en enero. Pero estoy en la obligación de decirlo, a riesgo de que aquellos que buscan el sí incondicional critiquen sin piedad.

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